Por resolución del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, concluyó sancionando a lo ex funcionarios identificados como responsables de la desaparición del expediente en el que constarían las pruebas de los actos ilícitos.
Con un castigo en el cual los indiciados únicamente deberán realizar acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original y dejado en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos importantes testados (tachados o borrados).
Los representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Fiscalía General de la República (FGR) se opusieron a esa conclusión. Argumentaron que se debía sancionar con pena de prisión a los indiciados, porque “el agravio causado lo resintió directamente la SFP, y la sociedad en general por el tipo de asunto materia de investigación, pues el expediente extraviado es de trascendencia nacional”.
Sin embargo, la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, determinó conceder a los imputados lo que se denomina un mecanismo alterno de solución y una suspensión condicional del proceso penal.
La resolución del tribunal fue emitida en septiembre de 2021. El pasado jueves 26 de mayo un juez de control, con sede en el Reclusorio Norte, cumplió la sentencia dictada por la magistrada Porras Ordriozola.
La impartidora de justicia concedió los beneficios de la suspensión condicional dentro de la resolución emitida en la Toca Penal 206/2021-NS —de la cual La Jornada tiene copia—, a José Gabriel Carreño Camacho, ex subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; a Jesús Antonio Suárez, ex director general de Denuncias e Investigaciones y a Daniel Pérez Rueda, ex director General Adjunto de Investigaciones B, todos de la SFP, que tuvieron bajo su responsabilidad el resguardo del expediente original de la investigación realizada por esa dependencia en 2015.
De acuerdo con los antecedentes del caso, en diciembre de 2018 por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la entonces titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, se fijó como objetivo acreditar la corrupción del sexenio de Peña Nieto y solicitó el expediente del escándalo conocido como La Casa Blanca, ya que la dependencia exoneró administrativamente al ex mandatario y a su esposa, pero la SFP no había presentado la correspondiente denuncia penal.
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