La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís; pidió al gobierno evitar la vulneración de los derechos de quienes toman la decisión de abortar.
Por ello, el Gobierno de México este pasado 12 de septiembre, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la revisión de 432 carpetas de investigación que se encuentran abiertas por el delito de aborto.
Por ello, el Conavim declaró con un comunicado que los tres niveles de gobierno; deberán de “coadyuvar en el objetivo de evitar cualquier caso en el que se vulneren los derechos; de quienes ejercen la decisión de abortar en los casos permitidos”.
Esto, tras el histórico fallo del máximo tribunal al declarar como inconstitucional la penalización y criminalización de la interrupción del embarazo.
Alanís, manifestó que las autoridades locales federales deberán de colaborar con el objetivo de “asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben analizarse los casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el país”.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); entre enero y julio de este año se abrieron 432 carpetas de investigación, de las cuales el 49% de los casos se concentran en:
Por ello, y tras la declaración inconstitucional de la penalización del aborto en México el pasado 07 de septiembre; la Conavim reiteró que ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto.
“No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional un escenario en el cual la mujer y las personas con capacidad de gestar no puedan plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo”, declaró Luis María Aguilar.
Por ello el Conavim, reiteró que el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes están en esa situación; por lo que instó a las autoridades correspondientes que hagan lo necesario para evitar la criminalización y revisar las carpetas de investigación ya identificadas.
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