El Gobierno de México informó al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que trabaja en la incorporación de cinco millones de personas más a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, a partir del acuerdo que construye con los 32 estados del país.
Lo que permitirá incrementar de 3.5 a 8.5 millones el número de personas beneficiarias de todas las edades y grupos poblacionales, incluidas personas indígenas y afromexicanas, que tendrán un apoyo económico a lo largo de su vida, para garantizar su bienestar y gozar de este derecho constitucional.
Al presentar la sustentación de los informes segundo y tercero combinados sobre la instrumentación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que inició el pasado 17 de marzo en la Ciudad de México a través de un enlace virtual con Ginebra, Suiza, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado Peralta, informó que el país es un activo promotor de iniciativas que protegen los derechos humanos de las personas con discapacidad.
También dijo que México asumió su propio liderazgo en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en diciembre de 2016 y recordó que desde 2001 forma parte de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
“Se trabaja en la institucionalización para integrar a las personas con discapacidad y trabajamos para proporcionar mejores prácticas a la comunidad internacional”, expuso.
A su vez, Carlos Castillo Pérez, titular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Bienestar recordó que el artículo 4 de la Constitución Política garantiza la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad desde los 0 a los 29 años de edad, y a personas indígenas y afromexicanas en estado de pobreza, de los 0 a los 64 años.
“Hemos enfatizado nuestros esfuerzos para el mejoramiento de la pensión a fin de alcanzar la universalidad. Trabajamos en un convenio con los estados para lograr inscribir a cinco millones de personas más”, informó al CDPD.
En representación de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, Castillo explicó al Comité que la pensión no es fondo, sino que los recursos provienen del presupuesto federal producto de medidas de austeridad y contra la corrupción. La inversión social desde 2018, cuando inició la actual administración, acumula una cifra de 227 mil 316 millones de pesos en beneficio de tres millones 576 mil 625 personas con discapacidad.
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