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En un fallo histórico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, que buscaba otorgar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los generadores privados, ha...
febrero 1, 2024
En un fallo histórico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma, que buscaba otorgar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los generadores privados, ha sido invalidada por violar el marco establecido para la generación y el mercado eléctrico mayorista desde 2013.
La decisión, respaldada por tres votos a favor, representa un hito significativo y establece un precedente para miles de amparos presentados por empresas privadas en contra de los cambios legislativos promovidos en 2021.
Estos cambios, entre otras disposiciones, priorizaban la energía generada por la CFE sobre las energías renovables, eliminaban las subastas para adquirir energía al mejor precio, así como las figuras de autoabasto para la venta de electricidad y los certificados de energía limpia.
El proyecto que llevó a esta decisión fue presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien argumentó que los siete artículos principales de las modificaciones violaban el marco regulatorio establecido durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto en 2013.
La resolución de la SCJN tendrá efectos generales en la implementación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), marcando un hito en la lucha por la regulación equitativa y transparente del sector energético en México.
La invalidación de la reforma eléctrica representa un triunfo para la competencia y la diversificación en el mercado eléctrico, así como un reafirmante de la importancia de respetar el estado de derecho y la división de poderes en el país.
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El fallo de la SCJN también genera interrogantes sobre el futuro de la política energética en México y subraya la necesidad de un diálogo constructivo y una revisión cuidadosa de las leyes que regulan el sector eléctrico, buscando un equilibrio entre los intereses estatales y privados, así como la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles en el país.
