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La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que entre otras cosas, obliga a los congresos locales a seguir los desafueros que se avalan en el congreso federal. El dictamen fue avalado por 273 votos a favor por parte de los...
septiembre 2, 2021
La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que entre otras cosas, obliga a los congresos locales a seguir los desafueros que se avalan en el congreso federal.
El dictamen fue avalado por 273 votos a favor por parte de los diputados de Morena, PVEM,y PT; y 220 votos en contra de los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC.
Khatia Bolio, del PAN, acusó a la iniciativa de “inconstitucional”, por obligar a las cámaras locales a acatar las resoluciones del Congreso Federal, y advirtió que eso terminará en el máximo tribunal del país.
“Con esta aberración jurídica solo estarán ocasionando que una vez más este asunto termine bajo la consideración de la Suprema Corte, para que vergonzosamente se le vuelva a corregir la plana a esta cámara de diputados, de aprobarse esta resolución, estaremos violentando las autonomías de los congresos federativos”, adelantó.
Esta ley defiende la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; la cual establece que cualquier persona podrá presentar una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados. El informe señala que “bastarán datos o indicios suficientes para sustentar la existencia de un posible delito”.
Esta disposición también fue criticada por la priísta Ana Lilia Herrera Anzaldo: “Esto vulnera principios elementales como la presunción de inocencia; el debido proceso y el respeto a los derechos humanos”.
Por otro lado, al justificar el dictamen, Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena) aseguró la importancia de abolir la Ley Federal de Responsabilidades.
“La ley vigente mantiene un intrincado y rebuscado una serie de procedimientos que no tienen como finalidad la justicia, sino más bien crear posibilidades para que el funcionario corrupto, pero útil al viejo régimen, encuentre recovecos y eluda la imposición de una sanción”, advirtió.
Por otra parte, Aleida Alavez, declaró que su partido no se tentará la mano en juzgar a quienes lo merezcan.
“Si alguno de ustedes está pensando que la diputación y esta cámara serían su refugio para evadir a la justicia, o su medio para cometer fechorías, se equivocaron, no nos va a temblar la mano para hacer uso el juicio político y la declaración de procedencia”, puntualizó.
La iniciativa también contempla la inhabilitación de 10 a 30 años para ejercer cualquier cargo, a los funcionarios a quienes se aplique el juicio político
Los sujetos que pueden ser objeto de juicio político son: Presidente de la República; gobernadores; diputados y senadores; ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros del Instituto Nacional Electoral: integrantes de organismos autónomos; entre otros cargos.
